El caso del Hotel del Palau no será un delito, pero sí un despropósito

Consell de Redacció de ‘Marea Urbana’. Número 0.

 

El caso del ‘hotel del Palau’ (Modificación del Plan General Metropolitano, MPGM, para construir un hotel al lado del “Palau de la Música”) ha sido objeto este verano de dos manifiestos contrapuestos, tras la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo del 7 de Junio, a favor de los directivos y altos cargos del “Ajuntament de Barcelona” en la última época del gobierno del alcalde Jordi Hereu (PSC).

En el primero, un alto número de funcionarios y profesionales exigen al gobierno de Ada Colau que avale la honestidad y honradez de estos directivos: Ramón Garcia-Bragado, Ramón Massaguer y Enric Lambies; cuestión que nosotros hacemos sin ningún género de duda de acuerdo con los términos de la propia sentencia. Pero los 192 firmantes abogan al mismo tiempo que se “manifieste su satisfacción porque, una vez más, se confirma el alto nivel del urbanismo municipal y sus responsables.”

Este manifiesto corporativo, aprovecha la absolución de los citados, para avalar la acción urbanística del Ajuntament en dicha etapa y, así expresado, se convierte en un acto político que avala un modelo que, según los firmantes, es ejemplo de calidad y transparencia, siguiendo el testimonio el propio Garcia-Bragado publicado en el diario El Pais el 22 de junio.

carrer 116, abril 2010
Foto: Anna Carlota

La Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona, se adhiere  al manifiesto vecinal de respuesta llamado “En defensa de la funció social de l´urbanisme i el seu lideratge ciutada”, que reproducimos parcialmente, destacando algunas de las reflexiones que consideramos necesarias para entender el conflicto político en el que se encuentra el urbanismo de la ciudad tras casos como este:

 

  1. La carta-manifiesto confunde deliberadamente la absolución del Tribunal Supremo de la antigua cúpula de urbanismo de los delitos por los cuales fueron imputados, con un reconocimiento de la legalidad y bondad de la MPGN que posibilita la construcción del hotel al lado del Palau de la Música.

 

  1. La carta omite con mala fe los contenidos de las sentencias de la Audiencia Provincial y la última del Tribunal Supremo en el ámbito penal, respecto a la bondad del proyecto urbanístico hotelero que ahora se pretende que la alcaldesa reconozca. Tanto las sentencias de instancia como la última del Supremo NO reconocen la existencia de ningún interés público en la operación urbanística.

 

  1. Si bien finalmente no se han considerado pruebas suficientes para condenar penalmente a los encausados por delito de tráfico de influencias y ocultación de datos, se reconoce para las personas aludidas, sentencias que los Sres. Millet y Montull, aprovechándose de su “prestigio y ascendencia moral” y de las ventajas que les proporcionaban sus cargos, estaban en contacto continuo con las autoridades competentes, con lo que finalmente conseguirían convencer al Ajuntament y a la Generalitat para llevar a cabo el proyecto hotelero.

 

  1. El punto central está en si esta praxis urbanística que se defiende cumple realmente con la función social del urbanismo y de la propiedad privada, así como la satisfacción del interés público (siempre confundido con lo que muchas veces arbitrariamente deciden las autoridades presionadas por otros intereses no precisamente públicos).

 

¿Por qué el urbanismo practicado hasta ahora nunca justifica de manera clara, transparente, el destino de las plusvalías urbanísticas realmente generadas? ¿Por qué no se valoran rigurosa y objetivamente las plusvalías privadas y se justifica el equilibrio entre estos y los beneficios de los que participa la comunidad?

… El caso del hotel del Palau de la Música es un ejemplo paradigmático de esta práctica urbanística.

 

Todos debemos aprender. Los movimientos sociales no podemos poner la honestidad de nadie en entredicho sin pruebas concluyentes.  Los juicios políticos deben quedar en la esfera de lo político, de las relaciones y tensiones entre los movimientos sociales y la Administración, pero los 192 firmantes del manifiesto de apoyo político-personal deberían ahondar en las causas de que esta fuera, precisamente, la última legislatura del gobierno del PSC en la ciudad. Algo debió contribuir a que una parte importante del movimiento ciudadano pusiera definitivamente en cuestión, no solo la transparencia del gobierno municipal, sino la pérdida del pacto social implícito de principios de la democracia entre este y la Administración municipal y la extensión cada vez más amplia de la certeza de haber sido sustituido por habituales acuerdos con los agentes económicos más potentes, apostando claramente por la mercantilización de la ciudad. No es baladí que, en esa tesitura, las siguientes elecciones las ganaran aquellos que representaban directamente a dichos agentes, exacerbando el modelo, ni tampoco que la siguiente la ganaran, algunos de los que lo contestaban de manera más determinante.

Un poco de autocrítica, señores García-Bragado, Massaguer, Lambies y 192 firmantes.

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